El proyecto fue respaldado por la mayoría de los bloques parlamentarios que destacaron la importancia de la ratificación de la resolución de la ONU y llamaron a impulsar iniciativas para la total integración de las personas con discapacidad.
La Cámara de Diputados aprobó la ratificación este miércoles de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobado mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006.
Se trata de un proyecto que tenía dictamen de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, que preside el diputado Claudio Morgado y de la de Relaciones Exteriores, que encabeza Ruperto Godoy, que ya contaba con sanción del Senado.
El proyecto fue respaldado por la mayoría de los bloques parlamentarios que destacaron la importancia de la ratificación de la resolución de la ONU y llamaron a impulsar iniciativas para la total integración de las personas con discapacidad.
Al defender la ratificación de esta Convención, y ante la presencia en el recinto de representantes de organizaciones sociales, entre las que se encontraba nuestra Asociación, Morgado destacó que "se trata del primer tratado de derechos humanos del siglo XXI" y puso de relieve que "la ciudadanía de las personas discapacitadas no es completa".
"Cuántos más obstáculos hay, más discapacitada se vuelve una persona", aseveró Morgado, quien advirtió que "lo que está en juego es la posibilidad de los discapacitados de ser personas".
El diputado nacional Juan Acuña Kunz exhortó a admitir "los serios déficits en diferentes áreas que existen, como en el transporte" y consideró que "el Estado debería controlar el cumplimiento de todas las normas vigentes".
Lidia Naim de Ivoscus, manifestó su respaldo a la Convención y sostuvo que el tema de la discapacidad "nos plantea la responsabilidad y el desafío de generar el correspondiente soporte normativo para que cada uno de los postulados de este protocolo tenga correlato efectivo".
A través de esta resolución, los países se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminació n.
Asimismo, los países que ratifican la convención deben combatir los estereotipos y prejuicios y promover la conciencia de las capacidades de esas personas, así como garantizar que las personas con discapacidad disfruten del derecho inherente a la vida en un pie de igualdad con otras personas.
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